Así se mata a una pequeña empresa

 

Las empresas viven de la diferencia de sus gastos e ingresos. Los ingresos, en su mayoría, se obtienen de los pagos de los clientes pero... ¡Hay muchos tipos de pagos! Y este es uno de los mayores problemas de las pequeñas empresas, el tiempo que transcurre entre los pagos a los que tienen que hacer frente y los cobros que han de recibir de sus clientes, incidencia que se agrava si éstos son empresas, sobre todo de mayor tamaño. Por supuesto, también entran en este grupo instituciones, organizaciones o cualquier organismo con personalidad jurídica.

Y es que una pequeña empresa muere cuando sus clientes pagan a muy largo plazo, ¡mucho más de lo que la ley permite!, mientras ella debe hacer frente prácticamente a la totalidad de sus deudas al contado. Y no es que ella quiera retrasarse en los pagos de los salarios de sus trabajadores, si los tuviera, ni tampoco en el pago a sus proveedores ni en sus obligaciones impositivas pero la diferencia temporal en los pagos y cobros hace que las empresas más grandes, y las empresas más trepas, acaben matando a las pequeñas empresas.

Porque, ¿por qué su reducido tamaño juega en desventaja a la hora de cobrar las deudas que los demás tienen con ella? ¿Por qué sus clientes siguen acogiéndose al pago a 90 días, a pesar de que la Ley de Morosidad lo prohíbe, pagando aún muchos días incluso meses más tarde? ¿Por qué los clientes piden productos y/o servicios, apremian y exigen la entrega acortando plazos y a la hora de reclamarles el pago, aún meses después del trabajo entregado, se lamentan y excusan alegando un "ahora no puedo"?

Si quieres ahogar a una pequeña empresa demándala trabajo y no se lo pagues hasta pasado, por ejemplo, medio año. Ella mientras adelantará el IVA de tu factura no cobrada y que no sabe si cobrará, habrá tenido que pagar la luz de seis meses, el salario de seis meses, la seguridad social de seis meses, los seguros de seis meses, las facturas de sus proveedores de seis meses... Y así un sinfín de pagos sin haber recibido el reporte económico del servicio que te dio. ¿Fácil acabar con ella, no?

Y es que muchas empresas pequeñas no mueren porque no tengan trabajo, las matan los largos plazos de pago.

Foto: Ikea

Sucios desahucios

Esta mañana Amaya Egaña se ha matado al arrojarse por la ventana cuando iban a desahuciarla de su casa en Barakaldo. Al oír la noticia se me ha puesto la carne de gallina, se me ha encogido el estómago  e, irremediablemente, me he acordado del vecino de Burjassot (Valencia) que hace dos semanas se tiró por el balcón antes de que le desahuciaran; también del granadino José Domingo, quien decidió esperar ahorcado a quienes iban quitarle su casa.

En España hasta hace pocos años, ésos en los que creíamos que éramos ricos, las entidades bancarias daban préstamos a porrillo a las familias para que se compraran una casa en esos bloques de pisos o en esas calles llenas de chalés que florecían por doquier. En muchos casos sin tener muy en cuenta la situación económica que sustentaban quienes eran avalados. Estos préstamos y estas compras iban engordando el precio de las viviendas y la denominada Burbuja Inmobiliaria.

Pero vaya, la burbuja se ha roto y muchas de esas familias a las que se las concedió un préstamo para comprar una casa ahora no pueden pagarla y, si no pagan, el banco les quita su casa. Pero, ¿a qué precio?, y ,¿de qué modo? ¿En qué situación se quedan esas familias? Y, ¿qué hacen los poderes públicos para garantizar el artículo 47 de la Consitución que dicta que:

Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación. La comunidad participará en las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos.

Claro que los contratos llevan letra pequeña.
Claro que las bancos no obligaron a las familias a firmar sus hipotecas.
Claro que los avalistas sabían que si el avalado no cumple tienen que pagar ellos.
Claro que no se supo ver la grave situación en la que nos encontramos. Pero, los bancos nunca pierden y, no olvidemos que, la vivienda es un derecho fundamental. 

Resulta que en nuestro país la ley que regula los deshaucios tiene más de 100 años, ¡es de 1909! Resulta que desde la Unión Europea acaban de denunciar que esta ley es contraria a la normativa comunitaria porque no garantiza la protección eficaz de los consumidores frente a las cláusulas abusivas de los contratos hipotecarios.
Resulta que esta semana los grupos parlamentarios mayoritarios han decidido reunirse para llegar a un acuerdo para endurecer los desahucios.
Resulta que a las familias les quitan la casa pero tienen que seguir pagando la deuda.
Resulta que los jueces se han posicionado en contra de los desalojos.
Resulta que hace un año en España había más de 3.417.064 viviendas vacías, el 13,2% del total de casas de nuestro país.

Desgraciadamente ni Amaya Egaña ni José Miguel Domingo soportaron la presión que ejercía sobre ellos y sus familias su deuda bancaria.
Desgraciadamente muchos españoles seguirán sufriendo sucios desahucios.
Desgraciadamente poderoso caballero sin escrúpulos es Don Dinero. 
Afortunadamente existen organizaciones que ofrecen ayuda a los afectados, como los son Stop Desahucios o Plataforma de Afectados por la Hipoteca.

Mientras tanto, ¿qué hacemos con los millones de casas vacías que hay por todo lo ancho y largo de la geografía de nuestro país? ¿Cuándo ganaremos las personas y no sólo los bancos?

Foto: Press.tucasa.com

Cuatro años

 Foto: Celtibético